El marco global de intercambio automático de información sobre criptoactivos CARF (Crypto-Asset Reporting Framework) entró en vigor oficialmente el 1 de enero de 2025 en 48 jurisdicciones, marcando el inicio de una nueva era en la transparencia fiscal de las criptomonedas a nivel mundial. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) confirmó la activación del sistema diseñado para rastrear transacciones con activos digitales y combatir la evasión fiscal transfronteriza.
Los países participantes incluyen la mayoría de las economías del G20, así como importantes centros financieros europeos y asiáticos. Según la OCDE, el régimen de transparencia fiscal obligará a los intermediarios de criptoactivos a reportar información detallada sobre las transacciones de sus usuarios a las autoridades tributarias correspondientes.
Alcance del marco de reporte de criptoactivos
El CARF establece estándares uniformes para que los proveedores de servicios de criptoactivos recopilen y transmitan datos fiscales relevantes. Los intercambios centralizados, las plataformas de negociación y los custodios de activos digitales deberán informar sobre operaciones que superen umbrales específicos, incluyendo identificación de usuarios, valores de transacción y ganancias realizadas.
Además de las plataformas tradicionales, el marco abarca también ciertos protocolos descentralizados cuando existan entidades intermediarias identificables. Sin embargo, las transacciones completamente peer-to-peer sin intermediarios quedan fuera del alcance inmediato del sistema, según documentos publicados por la OCDE.
Implementación del sistema de transparencia fiscal
Los países adoptantes comenzarán a recopilar información durante 2025, con el primer intercambio automático de datos programado para 2026. La OCDE indicó que el calendario permite a las empresas de criptoactivos adaptar sus sistemas de cumplimiento normativo y procesos de diligencia debida.
No obstante, la implementación enfrenta desafíos técnicos considerables. La naturaleza pseudónima de muchas criptomonedas y la existencia de plataformas operando sin registro formal complican la recopilación exhaustiva de información, reconocieron funcionarios de la organización internacional.
Obligaciones para proveedores de servicios
Los intermediarios de criptoactivos deberán verificar la residencia fiscal de sus clientes y mantener registros detallados de todas las transacciones relevantes. Las penalizaciones por incumplimiento variarán según la legislación de cada jurisdicción participante, aunque la OCDE recomienda sanciones proporcionales para garantizar el cumplimiento efectivo.
Adicionalmente, las plataformas enfrentan la responsabilidad de distinguir entre diferentes tipos de activos digitales, ya que el marco aplica criterios distintos para criptomonedas, stablecoins y tokens no fungibles.
Reacciones de la industria cripto
Representantes del sector de activos digitales expresaron preocupaciones sobre los costos de cumplimiento y la posible migración de usuarios hacia plataformas no reguladas. Mientras tanto, defensores de la transparencia fiscal argumentan que el CARF nivela el campo de juego entre activos tradicionales y digitales.
Por el contrario, algunas organizaciones de privacidad financiera advirtieron que el intercambio automático de información podría vulnerar derechos fundamentales de los usuarios de criptomonedas. Varios países que no participan inicialmente en el sistema han señalado estas preocupaciones como motivo de su ausencia.
Contexto de la regulación global
El marco de reporte de criptoactivos complementa el Common Reporting Standard (CRS) existente, que ya facilita el intercambio de información sobre cuentas financieras tradicionales entre más de 100 jurisdicciones. La OCDE desarrolló el CARF en respuesta al crecimiento exponencial del mercado de criptomonedas durante los últimos años.
Según estimaciones de la organización, miles de millones de dólares en ingresos tributarios se pierden anualmente debido a transacciones no declaradas con activos digitales. El nuevo sistema busca cerrar esta brecha de cumplimiento fiscal sin obstaculizar la innovación tecnológica legítima.
La efectividad del régimen de transparencia fiscal dependerá de la adhesión de jurisdicciones adicionales en los próximos meses. La OCDE mantiene conversaciones con otros países para expandir la cobertura del sistema, mientras que la industria de criptoactivos monitoreará el impacto sobre la competitividad y el flujo de capitales digitales entre regiones participantes y no participantes.