La expansión comercial del espacio está generando un debate cada vez más urgente sobre las condiciones laborales fuera de la Tierra y la propiedad de recursos extraterrestres. En una conferencia tecnológica reciente en San Francisco, Will Bruey, fundador de la startup de manufactura espacial Varda Space Industries, predijo que dentro de 15 a 20 años será más económico enviar trabajadores humanos a la órbita durante un mes que desarrollar robots avanzados, una declaración que contrasta directamente con la visión de Jeff Bezos sobre el futuro del trabajo espacial.
Esta predicción sobre trabajadores en el espacio ha despertado preocupaciones sobre quién trabajará en órbita y bajo qué protecciones legales. Mary-Jane Rubenstein, decana de ciencias sociales y profesora de religión y estudios de ciencia y tecnología en la Universidad Wesleyan, ha señalado que los trabajadores ya enfrentan dificultades en la Tierra, y esa dependencia de los empleadores se intensificaría dramáticamente en el espacio.
Condiciones laborales en el espacio plantean dilemas éticos
Según Rubenstein, la dependencia total del empleador para acceso a alimentos, agua y aire crea un desequilibrio de poder fundamental. “No es agradable allá arriba,” advirtió la académica, subrayando que el espacio carece de los elementos naturales que hacen habitable la Tierra. Los trabajadores en el espacio dependerían completamente de sus empleadores no solo para su salario y atención médica, sino para su supervivencia básica.
Sin embargo, las preocupaciones laborales son solo una dimensión del problema. La cuestión de quién posee qué en el espacio se ha convertido en un área legal cada vez más conflictiva a medida que se aceleran las operaciones comerciales espaciales. El marco legal actual presenta ambigüedades significativas que las empresas están aprovechando para posicionarse en la nueva economía espacial.
Tratados internacionales y la carrera por recursos espaciales
El Tratado del Espacio Exterior de 1967 estableció que ninguna nación puede reclamar soberanía sobre cuerpos celestes. La Luna, Marte y los asteroides pertenecen supuestamente a toda la humanidad. No obstante, en 2015 Estados Unidos aprobó la Ley de Competitividad de Lanzamiento Espacial Comercial, que permite a las entidades privadas poseer cualquier recurso que extraigan del espacio.
Rubenstein ofrece una analogía para explicar esta contradicción: es como decir que no puedes poseer una casa, pero sí todo lo que contiene. De hecho, ella lo califica como peor, señalando que “el material que la Luna contiene es la Luna misma.” Una vez que un país extrae recursos como el Helio-3, otros no podrán acceder a ellos, creando una competencia por recursos no renovables.
Reacción internacional a la legislación estadounidense
La respuesta internacional a la ley de 2015 fue inmediata. En la reunión de 2016 del Comité de las Naciones Unidas sobre la Utilización del Espacio Ultraterrestre con Fines Pacíficos, Rusia calificó la ley como una violación unilateral del derecho internacional. Bélgica advirtió sobre posibles desequilibrios económicos globales que podría generar esta interpretación del derecho espacial.
En respuesta, Estados Unidos creó en 2020 los Acuerdos de Artemis, pactos bilaterales con naciones aliadas que formalizaron la interpretación estadounidense sobre la extracción de recursos espaciales. Actualmente hay 60 signatarios, aunque Rusia y China notablemente no están entre ellos. Los Acuerdos no declaran explícitamente legal la extracción de recursos, sino que afirman que no constituye la “apropiación nacional” que prohíbe el Tratado del Espacio Exterior.
Empresas posicionándose para la explotación espacial
Varias compañías ya están aprovechando este marco legal ambiguo. AstroForge está desarrollando minería de asteroides, mientras que Interlune planea extraer Helio-3 de la Luna. Estas iniciativas plantean preguntas sobre la sostenibilidad y equidad en la distribución de recursos espaciales limitados.
Mientras tanto, Rubenstein propone soluciones que considera poco probables pero necesarias: devolver el control a la ONU y derogar la Enmienda Wolf de 2011, que prohíbe a la NASA y otras agencias federales usar fondos para trabajar con China sin aprobación explícita del FBI y el Congreso. Ella argumenta que si la industria puede imaginar hoteles espaciales y colonias en Marte, también debería poder imaginar la cooperación internacional.
Basura espacial como posible terreno común
Un área donde podrían alinearse los intereses es la gestión de desechos espaciales. Con más de 40,000 objetos rastreables orbitando la Tierra a 17,000 millas por hora, el riesgo del efecto Kessler —un escenario de colisión en cadena que podría hacer inutilizable la órbita— se acerca. “Nadie quiere eso,” indica Rubenstein, señalando que tanto gobiernos como empresas tienen incentivos compartidos para abordar este problema.
Actualmente, Rubenstein está trabajando en una propuesta para una conferencia anual que reúna académicos, representantes de la NASA y figuras de la industria para discutir cómo abordar el espacio de manera colaborativa y ética. El objetivo sería crear un foro donde las diferentes partes interesadas puedan dialogar sobre el futuro de la actividad espacial.
La probabilidad de cambios significativos en la política espacial a corto plazo parece limitada. En julio del año pasado, el Congreso introdujo legislación para hacer permanente la Enmienda Wolf, lo que consolidaría las restricciones sobre la cooperación con China en lugar de flexibilizarlas. Las startups continúan proyectando cambios importantes en el espacio dentro de cinco a diez años, y la predicción de Bruey sobre trabajadores de clase trabajadora en órbita permanece sin respuestas claras sobre protecciones laborales o marcos regulatorios. La evolución de estos debates dependerá de si los actores internacionales pueden encontrar formas de colaboración antes de que la competencia por recursos espaciales se intensifique aún más.