Dos días después de que la Corte Suprema de Estados Unidos emitiera su fallo sobre aranceles, la atención de importadores, bancos y minoristas se ha desplazado desde el debate constitucional hacia una pregunta más concreta: qué sucederá con el dinero ya pagado en aranceles y cómo ajustarán sus operaciones las empresas ante posibles nuevas medidas comerciales bajo marcos legales distintos. La decisión judicial establece límites claros a la autoridad presidencial en materia de aranceles, pero deja abierta una serie de interrogantes operativos y financieros que afectan especialmente a las compañías del mercado medio.
El fallo de la Corte Suprema del pasado viernes 20 de febrero en el caso Learning Resources, Inc. v. Trump determinó que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés) no otorga al presidente la facultad de imponer aranceles. Según el tribunal, el Artículo I de la Constitución asigna al Congreso la autoridad exclusiva para establecer impuestos, derechos e impuestos aduaneros. Aunque la IEEPA permite al ejecutivo regular el comercio exterior durante emergencias, la corte concluyó que regular la importación no equivale a ejercer poderes impositivos de alcance ilimitado.
Reembolsos de aranceles generan incertidumbre financiera
La consecuencia más inmediata del fallo se relaciona con los aranceles ya recaudados. Según estimaciones citadas en análisis del caso, los reembolsos podrían superar los 175,000 millones de dólares, cifra que refleja los derechos pagados por importadores bajo el régimen ahora invalidado. Sin embargo, la Corte Suprema no especificó cómo deben administrarse esos reembolsos, una ambigüedad que el juez Brett Kavanaugh destacó en su opinión disidente al advertir que los efectos provisionales de la decisión podrían ser sustanciales.
Kavanaugh observó que Estados Unidos podría estar obligado a reembolsar miles de millones de dólares a importadores que pagaron los aranceles bajo la IEEPA, aunque algunos ya hayan trasladado esos costos a consumidores u otros actores de la cadena de suministro. El magistrado calificó el proceso de reembolso como un probable “desastre”, aludiendo a la complejidad administrativa, la asignación de costos y los plazos aún por definir.
Para las empresas del mercado medio, estos reembolsos representan tanto un alivio potencial como una nueva fuente de incertidumbre. Los importadores que absorbieron los costos de los aranceles podrían recuperar capital. Sin embargo, las compañías que trasladaron esos costos a sus clientes enfrentan un escenario contable más complicado, cuya resolución dependerá de estructuras contractuales, ajustes de precios y resultados de litigios más que de un mecanismo político uniforme.
Impacto operativo en empresas de bienes
Durante casi un año, estudios del PYMNTS Intelligence rastrearon la incertidumbre que enfrentaban las empresas del mercado medio debido a los aranceles, reversiones de política y tensiones comerciales que alteraron la previsión, fijación de precios y decisiones de inversión. Según el informe de mayo titulado “Aranceles e incertidumbre empresarial: el estado actual”, más de la mitad de los responsables de pagos en empresas de bienes creían que los aranceles afectarían negativamente a sus compañías. Cerca del 90% de los encuestados anticipaban retrasos en entregas, escasez o aumento en los costos de materias primas.
Para el verano pasado, el 75% de los directores financieros habían aumentado precios, pero el 60% aún reportaba caída en márgenes de beneficio. En general, las empresas que experimentaban mayor presión arancelaria tenían el doble de probabilidades de reducir inversiones de crecimiento en comparación con aquellas menos afectadas. El estudio de diciembre “Los aranceles aumentan la presión mientras los líderes de producto enfrentan máxima incertidumbre” documentó cómo las empresas redirigieron su enfoque desde la innovación a largo plazo hacia soluciones operativas inmediatas.
Más de la mitad de los líderes de producto reportaron cambios hacia controles de costos, renegociaciones con proveedores y ajustes en flujos de trabajo. Sin embargo, el fallo de la Corte Suprema no revierte automáticamente las cadenas de suministro reconfiguradas bajo presión arancelaria ni reactiva de inmediato las inversiones de capital diferidas durante meses de incertidumbre.
Ajustes en servicios financieros y comercio transfronterizo
Para bancos, proveedores de pagos y plataformas FinTech que atienden a clientes del mercado medio, la decisión judicial también consolida cambios operativos. Los productos de financiamiento de cadena de suministro y crédito comercial que incorporaban supuestos de costos vinculados a aranceles podrían requerir revisión. Adicionalmente, los modelos de riesgo crediticio anclados en costos de insumos elevados y ciclos de cuentas por cobrar retrasados serán reexaminados a la luz de la nueva economía comercial.
Los volúmenes de pagos transfronterizos, particularmente en corredores afectados por fricciones arancelarias, podrían experimentar renovado impulso si los flujos comerciales se estabilizan. Las transacciones B2B y la actividad de remesas suelen reflejar la confianza comercial subyacente, por lo que cualquier claridad regulatoria podría traducirse en mayor actividad de pagos internacionales.
Próximos pasos y cronogramas por definir
El fallo no elimina los aranceles como instrumento de política comercial. Invalida los aranceles impuestos bajo una interpretación estatutaria específica, pero el Congreso conserva la autoridad para legislar nuevos aranceles y la administración puede explorar vías legales alternativas. Según el análisis de SCOTUSblog, la corte respondió la pregunta específica sobre si la IEEPA autoriza aranceles, pero no estableció un mecanismo de reembolso ni ordenó restitución ni explicó los pasos administrativos para recuperar derechos ya pagados.
En los días posteriores al fallo, la administración del presidente Donald Trump ha señalado que buscará otras autoridades arancelarias e investigaciones para mantener presión comercial, a pesar de que la ruta de la IEEPA quedó cerrada. Para los equipos financieros, cualquier reversión probablemente pase por el proceso aduanero, que funciona con plazos estrictos. Según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, los importadores generalmente tienen 180 días después de la “liquidación” —momento en que la agencia finaliza la factura de derechos— para impugnar decisiones mediante protesta.
Las compañías ahora enfrentan una fase de transición definida por claridad legal en una dimensión y ambigüedad política en otra. Los modelos de planificación pueden incorporar mayor flexibilidad y los colchones de liquidez podrían mantenerse elevados. La decisión de la Corte Suprema resuelve una cuestión constitucional, pero deja intacto el desafío más amplio de navegar un entorno empresarial donde los cambios se producen de manera rápida y constante. Los próximos meses revelarán cómo se administran los reembolsos, qué nuevas medidas arancelarias podrían implementarse bajo otros marcos legales y cómo las empresas del mercado medio ajustan sus estrategias ante esta nueva realidad comercial.