El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) instó a Italia a fortalecer sus medidas contra el lavado de dinero tras publicar una evaluación el jueves que señala deficiencias en las sanciones aplicadas a los delitos financieros. El organismo internacional reconoció avances significativos en el marco institucional italiano, pero identificó áreas críticas que requieren mejoras urgentes para combatir eficazmente el lavado de dinero vinculado al crimen organizado.
La evaluación del GAFI, divulgada el 23 de abril, analizó las medidas italianas contra el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas. Si bien el regulador encontró que las protecciones del país son en gran medida adecuadas, destacó preocupaciones específicas sobre la severidad de las sanciones penales.
Sanciones insuficientes en casos de lavado de dinero
Según el informe del GAFI, Italia ha logrado un número significativo de enjuiciamientos y condenas, particularmente en casos relacionados con el crimen organizado y lavado de dinero independiente. Las autoridades italianas también han confiscado cantidades considerables de activos ilícitos durante sus investigaciones.
Sin embargo, el organismo internacional expresó que “las sanciones aplicadas por lavado de dinero se encuentran en el extremo inferior del espectro, considerando que Italia se enfoca en procesar casos vinculados al crimen organizado”. Esta observación sugiere que las penas impuestas no son lo suficientemente disuasorias para el tipo de delitos que el país enfrenta habitualmente.
Fortalezas en el sector financiero
El reporte reconoció aspectos positivos en la implementación de controles por parte de entidades privadas. Las instituciones financieras italianas, los proveedores de servicios de activos virtuales y las empresas no financieras designadas demuestran una comprensión sólida de sus obligaciones relacionadas con sanciones financieras dirigidas contra el financiamiento del terrorismo.
Estas entidades han establecido procesos apropiados para garantizar el cumplimiento de las listas pertinentes de sanciones financieras. No obstante, el GAFI señaló que Italia “necesita asegurar que las nuevas designaciones para sanciones financieras dirigidas contra el financiamiento del terrorismo se implementen sistemáticamente sin demora por todas las personas naturales y jurídicas”.
Respuesta del gobierno italiano
El Ministerio de Finanzas de Italia emitió una declaración calificando los hallazgos del GAFI como “una evaluación general favorable” de sus medidas contra delitos financieros. La cartera ministerial destacó mejoras significativas desde la evaluación anterior realizada en 2016.
“En comparación con la evaluación previa de 2016, el GAFI nota un fortalecimiento significativo del marco institucional y operativo, así como capacidades mejoradas para detectar y contrarrestar actividades financieras ilícitas”, indicó el ministerio en su comunicado oficial.
Contexto internacional sobre prevención de lavado de dinero
Mientras tanto, los reguladores bancarios estadounidenses publicaron recientemente una propuesta que implementa cambios requeridos bajo la Ley contra el Lavado de Dinero de 2020. Esta iniciativa mantiene la estructura tradicional de los programas contra el lavado de dinero, pero enfatiza que los controles internos deben estar basados en riesgos.
Los bancos deben diseñar mecanismos razonables para identificar, evaluar y mitigar riesgos relacionados con clientes, productos y geografías. Además, las instituciones financieras están obligadas a actualizar sus programas cuando su negocio cambie, requiriendo una reevaluación de riesgos ante nuevos productos, segmentos de clientes o expansiones a nuevos mercados.
Italia deberá demostrar en los próximos meses cómo planea abordar las recomendaciones del GAFI, particularmente en cuanto al endurecimiento de sanciones por lavado de dinero. El organismo internacional realizará seguimientos periódicos para verificar la implementación de mejoras en el sistema de sanciones financieras dirigidas y la aplicación de penas más severas contra delitos financieros vinculados al crimen organizado.